ANTE LA REFORMA PARA LA REFORMA UNIVERSITARIA: NO AL GOLPE DE ESTADO EN LA UNIVERSIDAD

Estudiantes en Movimiento considera el informe del grupo de expertos sobre la reforma universitaria una vergüenza que encubre un golpe de estado a las instituciones universitarias y que amenaza con acabar con los escasos márgenes de democracia de éstas.

El grupo de “expertos” universitarios que redactó dicho informe cuenta entre sus filas con miembros tan sospechosos de perseguir fines democráticos como el vicepresidente tercero del Banco Santander, o de promover la calidad de la Universidad Pública como el presidente del consejo de dirección de la universidad privada IE Universidad.

A falta de realizar un análisis más en profundidad, podemos desligar el informe en tres puntos clave que de aplicarse supondrán un empeoramiento sustancial de nuestra universidad:

Primeramente, se propone recortar drásticamente la democracia de los órganos de gobierno universitarios a través de la fusión del Consejo Social con el Consejo de Gobierno en un nuevo Consejo de la Universidad que tendría atribuidas todas las potestades que antes correspondían a los anteriores órganos y al Claustro, que pasaría a ser meramente consultivo. La elección del rector dejaría de ser realizada por sufragio universal o por el Claustro y sería realizada por el Consejo de la Universidad, de cuyos miembros un cuarto serían elegidos a dedo por el gobierno autonómico correspondiente. Para Estudiantes en movimiento esto supone un golpe de estado en toda regla a la democracia y a la autonomía universitaria que además aumentará la presencia de personalidades del mundo empresarial en los órganos universitarios y disminuirá la ya escasa representación estudiantil en éstos.

En segundo lugar, la financiación universitaria se plantea como un elemento en el que la iniciativa privada debe aumentar cuantiosamente. Si bien es cierto que el informe contiene referencias a la escasa inversión del gobierno en becas o a la imposibilidad de aumentar la calidad universitaria si no se alcanzan niveles de financiación pública similares a la media de la OCDE, también es cierto que las medidas concretas que se proponen son a costa de aumentar el peso de la empresa privada en el sistema universitario. Se plantea aumentar las modalidades de becas préstamo ligadas a entidades privadas, lo que trae consigo aumento de la inequidad ya que no pueden a acceder a éstas aquellos estudiantes que no tienen solvencia demostrada para devolverlas, así como ligar la financiación de las universidades a la obtención de resultados y a la empleabilidad de sus titulados, lo que puede suponer un suicidio económico para la mayoría de universidades españolas.

Como tercer punto destacado está la nueva política de selección del Personal Docente e Investigador que se pretende imponer a las universidades. El informe se decanta sobre todo en este punto por el mantenimiento de la figura de profesores asociados y ayudantes en los términos planteados en la LOMLOU, es decir, con unas condiciones de precariedad e inseguridad laboral en el tiempo de un sector que supone la mayoría del personal docente de las universidades. Por otra parte, con respecto al personal permanente se pretende ir reduciendo el peso de la figura de catedrático y profesor titular que accede a través de las cribas de calidad nacional establecidas por la ANECA para promover la figura de doctor contratado por la propia universidad, ofreciendo libertad a los centros para fijar la banda salarial ofrecida. Esto supone, tal como reconoce el informe, una “desfuncionarización” de la condición de docente universitario permanente, lo que puede dar lugar a la competencia entre las universidades por acaparar al personal docente disponible y, teniendo en cuenta las dificultades financieras de las mismas, una pérdida de calidad generalizada por la imposibilidad de competir entre sí y con las universidades privadas.

En conclusión, para Estudiantes en Movimiento las medidas contenidas en este informe  es una ataque frontal a la universidad pública y las pone al servicio del capital, que es responsable de su actual crisis, además de haber sido redactados sin contar con el debate ni con el consentimiento de la comunidad universitaria. Las pretensiones de reforma universitaria deben ser contestadas desde la movilización en las aulas y en las calles, porque la comunidad universitaria y la mayoría social no puede permitir que se le robe el derecho a una educación democrática conquistado a través de decenas de años de lucha.

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